Atendiendo reportes de los ciudadanos sobre abusos de la policía municipal de Cadereyta Jiménez en Nuevo León, el gobierno del Estado anunció esta tarde que se hará cargo de la Seguridad Pública en el municipio.
Por la mañana, circuló en redes sociales un video en el que el Octavo Regidor de la administración panista de Santiago Preciado Robles, Gabriel Valdez de León fue esposado arbitrariamente por dos efectivos de la policía municipal por cuestionar detenciones, que a toda luz, carecían de fundamentos legales.
En la publicación que se ha hecho viral, se puede observar a Valdez de León acercarse en calidad de ciudadano y cuestionar las acciones realizadas por los uniformados, sin embargo, éstos reaccionan de manera prepotente y proceden a «detenerlo» por no querer identificarse.
En el mismo texto compartido por él mismo, aclaró que lo liberaron hasta que se identificó propiamente pero aún así, permaneció esposado por espacio de 10 minutos ya que los efectivos no contaban con las llaves del artefacto.
Tras la indignación y múltiples denuncias, el gobierno del Estado de Nuevo León, encabezada por el Gobernador Interino, Manuel Florentino González Flores, ofreció una conferencia de prensa en donde anunció que el Estado se haría cargo de la Seguridad Pública.
Desde ese momento y de manera transitoria -durante 60 días o hasta que las condiciones de inseguridad desaparezcan de la localidad-, el estado asumió la facultad de emitir órdenes a la policía municipal de Cadereyta Jiménez.
«Esto en virtud de que la propia ciudadanía manifiesta su desconfianza del propio cuerpo policiaco», puntualizó Gonzales Flores.
Durante la misma conferencia, se informó que la seguridad estará a cargo de al menos 120 elementos, cifra superior con la cantidad actual -92 policías, 19 de ellos, sin haber aprobado los exámenes de confianza- de la policía municipal. También, se dijo que las pruebas de confianzas se ejecturan de nuevo a todo el personal.
Las autoridades manifestaron desconocer el hecho en el que estuvo involucrado el Regidor y aclaró que la decisión se tomó tras la solicitud de un grupo de empresarios del municipio.
