El proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM) propuesto por el gobierno federal, que busca que las tortillerías comprueben que no utilizan maíz transgénico, podría resultar en un incremento de precios en este alimento básico para los mexicanos, según informó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
La normatividad establece la obligatoriedad de demostrar el no uso de maíz genéticamente modificado para obtener el distintivo que certifica que las tortillas son libres de organismos genéticamente modificados (OGM) y cumplen con niveles aceptables de aflatoxinas.
El anteproyecto de Modificación de la NOM-187-SSAI/SE-2021, publicado el 30 de junio de 2023, plantea la necesidad de utilizar maíces nativos, pero no establece parámetros específicos como lo hacen las normas europeas. Esto genera dificultades para las «tortillerías comunes, que carecen de los medios y conocimientos necesarios para verificar si el maíz que están nixtamalizando está libre de maíz transgénico», destacó el Grupo Consultor.
El aumento de precios de las tortillas amenaza la economía de los mexicanos
El GCMA señaló que para implementar una norma que restrinja el uso de maíz transgénico es fundamental contar con un organismo oficial certificador, personal altamente calificado y laboratorios especializados, lo cual implica costos y tiempo significativos. Además, existen otras etapas en la cadena de producción, desde la siembra hasta la transformación en tortillas y otros productos, que requieren análisis y envasado con el distintivo de libres de OGM, lo que implica un mayor costo.
No obstante, el problema fundamental radica en la falta de evidencia científica que respalde que los maíces amarillos importados transgénicos representen un riesgo para la salud humana. Además, de ser así, surge la preocupación de permitir su uso en la alimentación animal, ya que también podrían causar enfermedades.
Es fundamental que se realicen análisis exhaustivos y se promueva el diálogo científico para asegurar que las decisiones en torno al uso de maíz transgénico estén respaldadas por evidencia sólida y en beneficio de la salud de la población y la economía del país.
